EL ABORTO PATROCINADO POR ORGANIZACIONES CATÓLICAS
LAURA IRUARRIZAGA
En España se logró despenalizar el aborto en 1985 y se reguló el acceso a este derecho en 2010. Esta última etapa fue la consagración de una lucha feminista incansable en España cuyo comienzo se puede señalar simbólicamente con la oposición al juicio de las 11 mujeres bilbaínas en 1976.
Sin embargo, pese a existir una ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo desde el 2010 mediante la cual el Estado se compromete a garantizar la igualdad en el acceso a las prestaciones y servicios establecidos por el Sistema Nacional de Salud, siguen existiendo numerosas barreras a un acceso efectivo al aborto. Es sabido que el periodo de reflexión y la objeción de conciencia garantizados por ley son barreras para un acceso a la interrupción voluntaria del embarazo sin culpabilizar o entrabar la decisión de la mujer. Asimismo, los datos del Ministerio de Sanidad demuestran que la media de abortos realizados en centros públicos es del 9,8%, es decir, el 90,2% de las interrupciones voluntarias del embarazo se llevan a cabo en clínicas privadas concertadas, demostrando la evidente dificultad existente para llevar a cabo su interrupción voluntaria del embarazo en un centro público y con igualdad de acceso.
Mucho menos conocido es un obstáculo que está surgiendo con un nuevo método de oposición al aborto en los últimos años. Es importado directamente de Estados Unidos donde se conoce este sistema como “Crisis Pregnancy Centres” y se ha ido multiplicando por Europa, por lo que lo llamaremos “las falsas clínicas”. Las falsas clínicas reposan en asociaciones católicas que dedican su tiempo y dinero en impedir que mujeres puedan tomar una decisión informada acerca de sus cuerpos mediante la falacia. Gran proporción de dichas clínicas están apoyadas económicamente por, o directamente afiliadas con, Heartbeat International o Human Life International, ambas organizaciones declarándose abiertamente católicas y anti-aborto.
Su existencia fue destapada por una investigación de OpenDemocracy, la cual se llevó a cabo gracias a voluntarias y voluntarios que llamaban a dichas clínicas o se desplazaban hasta las mismas solicitando información acerca de la interrupción voluntaria del embarazo. El modus operandi de las clínicas consiste en parecer neutrales e impartir información falsa acerca del aborto impidiendo de ese modo a mujeres y adolescentes el poder tomar decisiones informadas acerca de su deseo de interrumpir su proprio embarazo.
Logran tener dicha apariencia de neutralidad gracias a que sus páginas web, números de teléfono, carteles y clínicas físicas parezcan, desde todo punto de vista, clínicas concertadas en las cuales se puede abortar. En efecto, la investigación de Open Democracy pone de relieve que la mayoría de los centros visitados o contactados por sus periodistas “no dejaron claro sus afiliaciones religiosas o posiciones antiaborto” ni en sus páginas web, ni en sus redes sociales. Lejos de respetar el protocolo establecido, dan información falsa y llegan hasta a amenazar para impedir que las mujeres y adolescentes que recurren a sus servicios aborten. Algunos ejemplos de las falsedades proporcionadas por los centros a las investigadoras y los investigadores de OpenDemocracy son el que abortar puede provocar cáncer; una mujer que aborta tiene 144% más probabilidad de abusar de menores; que la mujer necesita el consentimiento del varón para abortar o que los hospitales no tratan las posibles complicaciones ligadas a los abortos.
Durante el confinamiento de marzo debido a la pandemia, se produjo un aumento de testimonios de mujeres que denunciaban haber sido victimas de discursos con falsedades clínicas y jurídicas, así como juicios de valor amenazadores. En efecto, debido a la situación, las mujeres y adolescentes deseosas de abortar o informarse acerca de ello se comunicaban primero por teléfono con los centros para evitar salir de casa en vano y muchos de los números de teléfonos que encontraron no eran más que una puerta abierta para recibir opiniones indeseadas y poco médicas. Ello ilustra a la perfección el fenómeno que ya precursoramente anunciaba la ingeniosa Simone de Beauvoir al decir “No olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos, debéis permanecer vigilantes toda vuestra vida”.
Cabe señalar que en España existen leyes contra la publicidad engañosa y el derecho a la información por lo que existen mecanismos jurídicos para reprender las iniciativas de las falsas clínicas. Sin embargo, de momento no se ha dado a conocer ninguna condena en su contra. Describir la existencia de estas clínicas, la poca publicidad que se da a este nuevo fenómeno y la tolerancia legal que se tiene hacia ellas, sin señalar que todo ello puede tener como causa la relación de las mismas con organizaciones católicas no sería coherente. El que las clínicas estén financiadas por, o afiliadas a dos organismos católicos no es anodino y da que pensar en la tolerancia privilegiada del Estado con la religión católica. En efecto, acabamos de señalar que, a todos los efectos, las clínicas van en contra del derecho de las mujeres, no sólo a abortar, si no a poder tomar una decisión informada acerca de sus cuerpos. Dicho derecho se logró tras años de lucha feminista y fue votada democráticamente.
Por ello, resulta tan preocupante, en lo que los derechos de las mujeres y el derecho a la interrupción voluntaria del aborto respecta, la pasividad institucional en este tema debido a la tradición de la religión católica en reprimir el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. El cristianismo establece por primera vez en Europa la idea moral de que el feto tiene alma y que, por ende, debe ser prohibido por ley todo aborto. En el caso de las clínicas una vez más, observamos las prioridades de asociaciones católicas por mantener su dominio sobre las mujeres y sus cuerpos tal y como lo lograron durante siglos apoyándose en roles de género.
No resulta novedosa la artimaña consistente en tratar de limitar, o reducir, obligatoriamente el rol de la mujer al de una madre para consecuentemente apartarla del resto de los aspectos de la sociedad y perpetuar el patriarcado. Dicho fenómeno ya fue identificado en 1949 por Simone de Beauvoir la cual escribió que “no es posible obligar directamente a la mujer a engendrar; todo lo que se puede hacer es encerrarla en situaciones en las que la maternidad es la única salida para ella: cuando las leyes y costumbres le imponen el matrimonio, se prohíben los anticonceptivos y el aborto, se impide el divorcio”. Nuestras leyes recientemente impidieron la imposición del embarazo, pero la práctica debe respetarlas ya que, de lo contrario, dejaran de ser una victoria feminista para transformarse en papel mojado.